Madrid, 15 de enero de 2018. MS. -  Finalmente, serán 172,2 hectáreas (un 0,52%) las permitidas este año para que se amplíe la superficie de viñas en la denominación Cava, que a día de hoy es de más de 33.903 hectáreas en producción. Una decisión tomada por el Ejecutivo nacional después de escuchar, se supone, a todas las partes afectadas, y resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado 29 de diciembre de 2017. De este modo, y como querían los cavistas de fuera de Cataluña, aumenta, aunque sea mucho menos de lo que deseaban, el viñedo que destinarán a elaborar cava, aunque con esa contención pretenden, en paralelo, contentar las pretensiones de los elaboradores catalanes, quienes dominan el Consejo Regular del Cava y apostaban por congelar las plantaciones, oponiéndose incluso a la replantación de viñedos ya en producción. Por lo tanto, una decisión que no ha contentado a nadie.

Si bien es cierto que es un producto vinculado a la tradición catalana (en torno al 95% de la producción total de cava procede de Cataluña), como tantas veces hemos referido en este medio, el que se viene elaborando fuera de este territorio ha ido ganando presencia y mercado en los últimos años por diferentes razones, y es esta situación la que ha llevado a productores valencianos (Requena) y extremeños (Almendralejo), principalmente, a reclamar un aumento de las hectáreas cultivables para poder atender una demanda que ha ido creciendo en este tiempo a través de unos precios más que competitivos.

Contra este deseo, los elaboradores tradicionales catalanes exponían que aceptar ese crecimiento puede suponer una caída de los precios del cava, en un momento en el que desde el Consejo, es verdad, pelean por lo contrario, ganar en valor e imagen. Es por eso que la entidad pedía reducir las nuevas superficies a la mínima expresión, lo que se traduce en 0,1 hectáreas –mil metros cuadrados–, que es lo mínimo legal (pues la Unión Europea no permite que se prohíban nuevos cultivos),  durante los próximos tres años, cifra que, en la práctica, se traducía en una paralización.

Los bodegueros de Requena y Almendralejo han sido los más activos en la pugna, hasta la decisión ministerial, pues el municipio valenciano cuenta con la mayor superficie dedicada al cava después de Cataluña. Pero al final, el Ministerio, en pro “de la rentabilidad y el equilibro entre oferta y demanda”, apunta, ha decidido establecer un límite de 172,2 hectáreas aplicable a las solicitudes de este año que se vienen a sumar a las autorizadas en años pasados (178 has. en 2016 y 300 más 2017). De esas hectáreas aprobadas, una tercera parte, 57,4 has., corresponde a la concesión de nuevas plantaciones, otro tercio a replantaciones, y el último para conversión de derechos de replantación. Ahora, su distribución estará resuelta antes de agosto de este año y se hará siguiendo una serie de baremos entre los que se dará prioridad a la juventud, adelantan.

La limitación está en sintonía con la que afecta a todo el sector porque el incremento total de viñedo aprobado para todo el país es de 4.950 hectáreas, es decir, un 0,52% de la superficie de viñedo plantada a 31 de julio de 2017. Eso sí, esta resolución no afecta a las solicitudes de replantación presentadas con anterioridad a la fecha de publicación del BOE de 29 de diciembre.

Importante apuntar, además, que los Consejos Reguladores pueden solicitar al Ministerio que no se permita la ampliación de la superficie de viñedo cuando consideren ese aumento “un riesgo de devaluación”. Es el argumento al que han apelado las denominaciones Rioja y Cava, pero sólo han sido consideradas las recomendaciones riojanas, donde durante este año no va a producirse crecimiento alguno.

Antes, la Comisión Europea es la que regula los nuevos cultivos pensando, en todo momento, en evitar la superproducción. Razón por la que el límite máximo para nuevos cultivos lo ha fijado en un 1% anual para cada estado de la UE. A partir de aquí, son los países los que tienen potestad para limitar aún más esa cantidad si así lo consideran. Y es lo que ha hecho España. Por lo que las administraciones autonómicas de Extremadura y la Comunidad Valenciana ya han anunciado que emprenderán las acciones legales pertinentes contra la decisión ministerial porque los elaboradores de cava aseguran que esta decisión les perjudicará gravemente.