Viñedos jóvenes de Osborne en Malpica de Tajo (Toledo)

Madrid, 30 de enero de 2013. MS. - El Parlamento Europeo ha acordado introducir en la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC) la prórroga del régimen de derechos de plantación de viñedos hasta 2030. De este modo se apoya la propuesta de reforma defendida por la Comisión de Agricultura -tras debatir más de 8.000 enmiendas- que el pleno del Europarlamento ratificará en los próximos meses. Entre las enmiendas que se han introducido en está la prórroga de derechos de plantación de viñedos hasta el año 2030, frente al 2016 previsto inicialmente. Además, se baraja como previsible el apoyo a la ampliación al mercado interno de la UE de las campañas de promoción de consumo de vino, lo que se valora como un paso fundamental en la defensa del sector vitivinícola.

La Eurocámara defenderá estas posiciones en las negociaciones que ahora tiene que llevar a cabo con los Estados miembros y el Ejecutivo comunitario para la nueva PAC que debería entrar en vigor en 2014, aunque en la Unión ya tienen claro que el acuerdo no llegará para que pueda aplicarse a tiempo y preparan medidas transitorias para el próximo año, algo que, se da por seguro, retrasará la entrada en vigor de la nueva PAC
hasta 2015. Por otra parte, se destaca que durante la tramitación parlamentaria se ha conseguido que el presupuesto destinado a los productores europeos quede congelado, con lo que nuestro país seguirá recibiendo en torno a 7.000 millones de euros anuales en el periodo 2014-2020.

Fomentar el arranque

Recordemos que los derechos de plantación se generan al recibir subvenciones de la Unión por arrancar viñedo lo que se ha traducido, en el caso español, en la despoblación de algunas zonas, tanto en lo que a cepas se refiere como a individuos, y de unos años a esta parte de forma vertiginosa. Ese arranque lleva aparejado mantener derechos sobre la viña propia con lo que el viticultor puede volver a plantarla (replantar) o vender los derechos a alguien que quiera hacerlo, casos ambos que obligan al propietario a devolver la ayuda. Además, en el caso de la venta, el nuevo propietario compra un derecho para plantar que puede ejercer en la zona que elija. Por ejemplo, compra en La Mancha o Murcia pero puede plantan en Rioja o Somontano, posibilidad que también generó polémicas políticas y tensiones interterritoriales. Eso sí, el vendedor los pierde sobre su tierra con lo que no puede volver a plantar viña a no ser que adquiera otros derechos a otro vendedor.

El sector vitivinícila, en general, se opone a que estos derechos se liberalicen porque supone el fin de esas ayudas al arranque, vía de ingresos de muchos viticultores en todo el país, que además acumulan un ‘capital’ en forma de derechos que pueden vender a quien más les interese. De este modo, que el Parlamento Europeo defienda que se incluya en la nueva PAC que esos derechos de plantación se prorroguen hasta 2030 les
supone un alivio.

En este sentido, como queda recogido en el último número de la revista Planeta Vino, las asociaciones agrarias y la Conferencia Española de Consejos Reguladores de Vinos alertan, en un comunicado que firman conjuntamente, sobre el riesgo de la supresión de una figura que “ha permitido la conformación de un sistema de producción vinícola puntero en el mundo”. Continúa: “Este sistema ha supuesto un factor clave en la fijación de la población rural, en el equilibrio entre oferta y demanda de vino y en la optimización de las condiciones productivas de las zonas tradicionales de cultivo”.

40 años de lucha contra excedentes

Viejas viñas arrancadas en San Martín de Unx (Navarra)

Históricamente, la figura de los derechos de plantación nació de las restricciones al cultivo que ya se apuntaban en 1976 en un reglamento incluía conceptos como la prima de arranque y derechos de plantación. Fue establecida tres años después en la primera OCM del Vino. La norma fue redefinida en la segunda OCM, la de 1987 (Reglamento CEE nº 822/87 del Consejo), que prohibía plantar viñas hasta el 30 de noviembre de
1986, y luego se ha prorrogado en distintas ocasiones.

La pretensión en todo momento era acabar con los excedentes vínicos mediante el estímulo del abandono del cultivo y la prohibición de nuevas plantaciones, aunque con la salvaguarda de permitir conservar derechos de plantación, que se compran y se venden para permitir las nuevas plantaciones. Esas primas por abandono de viñedo están teniendo como efecto el arranque de viejas viñas poco productivas, cuyos derechos pueden ir a la plantación de modernos viñedos de mayor rendimiento y mecanizables, lo que hace que precisen menos mano de obra. Por tanto, se pierde en gran medida el efecto de limitar la producción y tampoco parece que se contribuya a mantener la población rural, en contra de lo que arguyen los representantes del sector en el comunicado antes reseñado.

En nuestro entorno esa política de abandono no se nota en la producción, que se mantiene por encima de los 40 millones de hectolitros en años normales, pero sí en la superficie de viñedo. En el período 2008-2011, España arrancó en torno a cien mil hectáreas para lo que acaparó la mitad de las ayudas europeas para el arranque, casi 511 millones de euros. En 2011 se bajó de la cifra recurrente del millón de hectáreas y el pasado año la superficie de cultivo dedicada a la viña ha descendido un 1,8 por ciento y se sitúa en 977.055 hectáreas.