Madrid, 20 de enero de 2015. MS. – La tozuda realidad no deja de evidenciar que los consejos reguladores son auténticos reinos de taifas, como llevamos asegurando por estos lares hace tiempo. En los últimos tiempos parecen ir a más las denominaciones que hacen públicos sus ‘trapos sucios’ lo que denota cierto nerviosismo pues la cosa no está para tirar cohetes, sobre todo en lo que se refiere a algunas zonas vinícolas.

Antes del pasado verano saltaban las alarmas en el seno de Rueda a raíz de la denuncia puesta el pasado junio por Francisco Hurtado de Amézaga, director técnico de Marqués de Riscal, contra la nueva directiva del Consejo, con Pablo del Villar a la cabeza, acusándoles de graves injerencias en los órganos de control. Una actuación por la que, según Hurtado de Amézaga, se estaban certificando vinos “de baja calidad” con el consiguiente lastre que eso suponía para una zona que, además, había sido calificada en su añada 2013 de “bajo nivel” por destacados críticos internacionales. Sin olvidar la caída de precios que están protagonizando los vinos de Rueda.

Pablo del Villar, presidente del CRDO Rueda.

Apoyaba su denuncia en el despido de Ramón Bocos, secretario del Consejo durante 21 años, por ser crítico con la actitud de esa nueva directiva, y en el hecho de haber sido apartados, temporalmente, tres catadores del panel de cata de Rueda por el mismo motivo (sus bajas puntuaciones). Frente a estas acusaciones, a finales de noviembre Pablo del Villar presentaba ante el Instituto Tecnológico Agrario de la Junta de Castilla y León (Itacyl), a través de su abogado, un recurso para defenderse de esas acusaciones de injerencia en el Comité de Certificación alegando que la decisión de apartar a los tres catadores no fue solo suya, “por lo que no se pueden denunciar unos hechos que no son ciertos”, y que “el instructor tampoco ha tenido en cuenta las declaraciones del director técnico y de la ex presidenta de dicho Comité –Mariví Pariente–, que eximen a Pablo del Villar de la supuesta injerencia en el órgano de control”, concluye.

Dicho esto, antes el tribunal encargado de la causa (Juzgado de la Social número 2 de Valladolid) ha declarado nulo el despido de Bocos porque atentaba a su libertad de expresión, aunque el pleno del Consejo Regulador ha decidido recurrir la sentencia.

Barrer para casa

Entre unos y otros queda patente el conflicto de intereses existente en el seno de la DO Rueda, y también que esto no ha terminado sino que acaba de empezar. Y tal vez el acelerado aumento de los vecinos de esta denominación (de 30 millones de botellas a 80 millones en el momento actual, este año se han recogido 95 millones de kilos de uva) está pidiendo diferentes actuaciones a gritos que, por ahora, el conflicto en ciernes está obstaculizando o silenciando.

Y así lo reconocía Pablo del Villar en nuestro encuentro, preocupado, declaraba, por hacer de su presidencia una etapa de cambios significativos aunque, de momento, el fuerte ruido generado por este grave asunto no se lo está poniendo fácil. No obstante, sí hizo referencia a cuestiones importantes para el devenir de la denominación que tiene en su agenda. Lo primero, ser capaces de recuperar la tipicidad de la autóctona verdejo antes de que la variedad, que ha definido históricamente esta zona, le pase por encima a la DO suponiéndole la competencia de otros verdejos llegados al abrigo de otras denominaciones de relevancia, aunque, por ahora, sean sus competitivos precios los que la mantienen en primer lugar cuando de blancos españoles se trata.

También considera determinante para Rueda empezar a ‘dar cancha’ a otro tipo de elaboraciones blancas, más complejas, con mayor crianza, con la pretensión de ‘pelear’ en otros mercados y otras horquillas de precio.

Y terminó con la posible zonificación del viñedo, algo que tienen en mente “pues el estudio de suelos lo hemos realizado, aunque está en el cajón, pendiente de ser aprobado por el pleno del Consejo Regulador… De todos modos, el problema reside en decirle a un viticultor de toda la vida que su viña no entra en territorio de máxima calidad”.

Del Villar se defiende

Son estas cuestiones lo más interesante por lo que concierne al futuro de Rueda, pero también es inevitable que Pablo del Villar intente aprovechar toda entrevista para defenderse de las acusaciones vertidas contra su persona y su gestión como presidente del Consejo Regulador. Eso sí, hace todo lo posible por ser políticamente correcto, o no decir lo que no debe, pero sus silencios dicen más que sus respuestas.

En resumen, niega los hechos denunciados alegando, en todo caso, que las decisiones relativas al despido de Ramón Bocos y la sanción a los tres catadores fueron aprobadas en el Pleno y nunca una decisión personal. “La salida del secretario se decide a partir de dos auditorías, una económica y otra de personal, realizadas en el Consejo por una consultora externa”.

En cuanto a los catadores sancionados, fueron readmitidos antes del despido de Bocos, con lo que quiere dar a entender que son dos hechos que nada tienen que ver.  “Los dejamos de convocar tras observar que sus puntuaciones diferían mucho de las de sus colegas, puntuaban sobre un 60 por ciento menos con lo que descalificaban los vinos provocando las quejas de algunas bodegas. Mariví Pariente, entonces presidenta del Comité de Certificación, nos comunica lo que está sucediendo y vemos apropiado que se les deje de llamar temporalmente (no son contratados sino que acuden de forma voluntaria)”.

La insistencia en la pluralidad de las decisiones tomadas es su argumento principal, y el hecho de acudir acompañado a las entrevistas por otro miembro del Consejo incide en esa idea, mecanismo por el que, además de mostrar sus apoyos, neutraliza las acusaciones de estar lavando su imagen a cargo de la entidad.