Madrid, 19 de abril de 2015. MS. – Es la decisión que ha tomado el pleno del Consejo Regulador hasta que se resuelva “por vía jurídica y no solo administrativa” sobre la sanción muy grave recibida por Pablo del Villar, presidente de la DO Rueda, a causa de la expulsión de tres catadores del comité de certificación del Consejo.

El acuerdo llega tras la petición en contrario realizada por la Junta de Castilla y León, a través de la directora general del Instituto Tecnológico Agraria (Itacyl) y viceconsejera de Agricultura, María Jesús Pascual. Dicen que Pablo del Villa debe dejar de ser vocal y Presidente de la DO por considerar “resolución firme” la sanción por falta muy grave (de 31.000 euros) que había recibido mediante resolución administrativa. A partir de aquí, la Junta pedía hace pocas semanas que se cumpla el Reglamento y se celebren nuevas elecciones en el seno de la entidad, al tiempo que pedía se nombre un vocal que sustituya a Del Villar y un presidente interino.

Sede del Consejo Regulador.

Santiago Mora, director general del Consejo Regulador, puntualiza que la Junta no puede cesar a Del Villar sino que “a partir de la interpretación que desde el Gobierno autonómico hacen de la resolución, consideran que el Presidente ya está cesado a causa de esa sanción. Es decir, son discrepancias desde el punto de vista jurídico”. Pero, por el momento, “el Presidente no está cesado, mantiene su vocalía y los consejos se continúan celebrando”.

En todo caso, Mora reconoce que este conflicto sin fin no está para nada beneficiando a la DO “pues deberían hablar de nosotros por la buena campaña que hemos tenido, por los proyectos que tenemos en marcha y no por una cuestión que es más política que otra cosa”. Y cierto es que el posicionamiento de la Junta no ha hecho más que echar leña al fuego, “pero nosotros no dejamos de ser un ente público tutelado por al Junta”.

La cuestión es que para la institución la resolución administrativa recibida por Pablo del Villar es una resolución en firme que se debe ejecutar, mientras por parte de los servicios jurídicos del Consejo arguyen que “no es firme judicialmente y cabe recurso”. De hecho, la sanción fue recurrida hace meses ante lo contencioso, paralizando hasta ahora el supuesto cese, “y está en los tribunales pendiente de valoración y resolución por parte de un juez”. En esto apoyan la defensa de Del Villar, y es donde radica la diferencia determinante con el Gobierno regional. Así lo aclara Santiago Mora. “El Consejo ha valorado la comunicación recibida, se ha leído, discutido y, en principio, lo entienden de diferente manera y se deja todo como está. La resolución no es firme judicialmente y es ahí donde radica la duda pues los reglamentos del Consejo dicen claramente que esa resolución ha de ser firme por vía judicial”. Aunque dicho esto también reconoce que no saben qué pasará, pendientes ahora de que la Junta reaccione a partir de esta decisión.

A la espera de que se produzca, también hace un par de semanas, en las páginas de El Mundo de Valladolid, a través de nuestro compañero Fernando Lázaro, el abogado de la defensa pedía la nulidad de la resolución por incumplimiento de los procedimientos administrativos, y añadía que la sanción afectaba al Consejo Regulador y no al Presidente, además de que la notificación de la Junta debería ir firmada por la consejera, quien lo nombra, y no por la viceconsejera.

Respecto a los hechos denunciados, de los que nos hemos hecho eco en Proensa.com, recordemos que Pablo del Villar fue acusado el pasado año de graves injerencias en los órganos de control de Consejo Regulador, denunciando que se estaban certificando vinos “de baja calidad”, a la vez que se le responsabilizaba del despido del secretario del Consejo, Ramón Bocos, por ser crítico con la actitud de la nueva directiva, y de haber apartado, temporalmente, a tres catadores del panel de cata de Rueda por sus bajas puntuaciones.