Hace pocos días, con ocasión de las catas celebradas durante los III Encuentros Internacionales de la Viña y el Vino, organizados por el Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, pidieron a los catadores (prensa española e internacional) que calificaran de forma anónima la calidad de los vinos presentados a su valoración, concretamente crianzas del ’99 y reservas del ’98.

Habría sido interesante conocer los resultados, aunque fueran globales, no individuales de cada vino. Sin embargo, el Consejo Regulador se había comprometido a utilizar esas calificaciones exclusivamente para informar a cada una de las bodegas sobre los resultados de sus vinos y que se hicieran una idea de su posición cualitativa frente a sus competidores. En el fondo, hay una intención más o menos confesada de cerrar el paso a esas catas, a las que por cierto, no acudieron algunas de las marcas más significadas de la zona, a los vinos que no tengan un nivel mínimo de calidad.

Uno, que es un poco simple a veces, se preguntó si no sería mejor hacer una cata similar cuando los vinos van a salir al mercado y evitar que algunos vinos deleznables lleguen a la estanterías. Es cierto que a la hora de vender una casa el vendedor procura ocultar las manchas de humedad o las baldosas rotas, pero no es menos cierto que si no hubiera manchas o roturas no habría el menor problema en mostrar cada rincón de la casa en venta.

La mayoría de los consejos reguladores conceden sus contraetiquetas de un modo rutinario. En la práctica sólo son descalificados los vinos que siendo jóvenes presentan defectos serios mensurables en un laboratorio. El comité de cata tiene una influencia relativa, sobre todo si se tiene en cuenta que esos comité calificadores están formados por técnicos de las bodegas de la propia zona, lo cuales, como es lógico pensar, tienden a ser muy comprensivos con ciertos defectos, con las dificultades de ciertas cosechas y, en general, con el trabajo de los colegas, sobre todo pensando en sus propios vinos, que podrían estar en el disparadero incluso en la propia cata en la que participan.

La consecuencia es que se produce muy poca criba en los vinos jóvenes, entre otras cosas porque la elaboración en general es lo suficientemente buena como para que sean raros los vinos picados o con otros defectos detectables en el laboratorio. Otra cosa es que tengan defectos de cata, como tufos de fermentación, escasez de algunos elementos importantes, como la acidez, o falta de consistencia.

Muchos de esos vinos, que podrían obtener la calificación para un consumo a corto plazo, entran en los procesos de crianza sin tener fuerzas para soportarlos. Transcurridos unos meses, el vino ha desaparecido laminado por la fuerza de la madera de crianza y, en el mejor de los casos, cuando la barrica es nueva o está en buenas condiciones, sale convertido en un auténtico tablón. En el peor, con barricas muy viejas o mal cuidadas, se obtienen vinos con un perfecto olor a sótano. Y hay más de uno en el mercado.

Si el criterio de calificación en los vinos jóvenes es poco exigente, la criba en los vinos en fase de crianza queda a criterio de las bodegas. Y en producto terminado es prácticamente inexistente, ni siquiera tomando muestras en las propias bodegas antes de su salida al mercado. Hacer algún tipo de control cualitativo en el vino que ya está a la venta en los comercios es sencillamente impensable.

Si en algunos de los muchos borradores que se están preparando no se pierde esa posibilidad, la nueva Ley del Vino podría introducir la opción de que los vinos de una denominación de origen fueran calificados por un organismo ajeno al Consejo Regulador. Esa independencia del ente calificador es sólo teórica, de manera que no hay que hacerse demasiadas ilusiones. Mientras sea el Consejo Regulador el que pague, será también el que establezca el criterio de cata y estaremos en el mismo punto de partida.

La única solución es establecer categorías de vinos en función de la calidad, que serían otorgadas por un organismo libre de sospecha. Ese sí sería un buen punto de referencia para unos consumidores que asisten inermes a todo el asunto: las organizaciones de consumidores son el gran ausente en la negociación de la Ley del Vino o no han sido capaces de comunicar su intervención, al contrario que las organizaciones empresariales, agrarias, consejos reguladores, comunidades autónomas y el propio Ministerio de Agricultura, que han sabido defender sus intereses, dar a conocer sus posturas e influir en los diferentes borradores del proyecto.

Según se plantea el asunto, deberán ser los propios consejos reguladores de las denominaciones de origen los que se doten de un sistema eficaz. Negra perspectiva: el que se atreva a modificar la situación actual en un sentido más restrictivo en cuanto a calidad no saldrá elegido para un mandato posterior: los consejos reguladores están dominados por las organizaciones agrarias y las cooperativas y éstas a su vez por las casas más poderosas, que son las que les compran el vino o las uvas.

La alternativa para el consumidor, aunque esté feo que yo lo diga, es confiar en la prensa especializada. Muchos profesionales lo hacen y ya también algunos organismos: la crítica favorable continuada es un elemento importante para la obtención de la denominación de origen de pago puesta en marcha recientemente en Castilla-La Mancha. Todo lo que sea introducir contenidos de calidad a cualquier calificación de vinos ha de ser bien recibido.

Fecha publicación:Septiembre de 2002
Medio: El Trasnocho del Proensa