Madrid, 6 de diciembre de 2012. MS. - Desde el conflicto del pasado mayo cuando
el Ejecutivo argentino expropió Repsol, las relaciones comerciales de nuestro país
con el país andino no hacen más que toparse con impedimentos ‘burocráticos’ que
complican la entrada de algunos productos españoles en ese estado. Pero no es solo
España la afectada por las políticas comerciales que está aplicando Cristina Fernández
de Kirchner, como acreditan las denuncias de la Unión Europea, Estados Unidos y
Japón.



Este mismo jueves la UE se ha dirigido a la Organización Mundial del Comercio
(OMC) para que haga algo respecto a las “restricciones a las importaciones que impone
Argentina y que perjudican a las empresas europeas”, y con lo que, junto a EE.UU. y
Japón, pretenden obligar al país andino a levantar unas medidas que impiden el libre
comercio “y violan las normas de comercio internacional”, aseguran desde la Comisión
Europea.



Conocedora de que esta protesta se iba a llevar a cabo, el Ejecutivo argentino se
adelantó denunciando ante ese mismo organismo internacional tanto a la Unión,
como a España y Estados Unidos porque, argumentan, se está impidiendo en estos
países la entrada en sus mercados de varios productos argentinos. En nuestro caso se
refiere a la importación de biodiésel –aunque desde Bruselas la denuncia se considera
injustificada–, al igual que dicen está pasando en la Unión, mientras que a EE.UU.
lo acusan de bloquear sus carnes y limones frescos. Ambas partes recurren a la OMC
en defensa de sus intereses tras no haber sido capaces de llegar a acuerdo alguno en
diversas conversaciones mantenidas, apuntan unos y otros.



Pero en nuestro caso no queda aquí la cosa pues, en este complicado marco de
relaciones, hay que añadir, además, el conflicto por el etiquetado de vinos que tiene
a España en el punto de mira del Gobierno de Cristina Fernández. En concreto se
refiere al empleo de las calificaciones “reserva” y “gran reserva” y la normativa que
tenemos en España sobre su uso; unos requisitos a los que se opone Argentina y por lo
que pretende llevarnos ante la OMC para que sus vinos puedan entrar en la Unión sin
problema alguno. Decisión que cuenta con el apoyo del Grupo Mundial de Comercio
del Vino (Australia, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Sudáfrica, Chile y Nueva
Zelanda).



Recordemos que, según nuestra legislación, un vino tinto para ser reserva tiene
permanecer tres años en la bodega, uno de ellos en la barrica, y se comercializa en
el cuarto año. En el caso de blancos y rosados, los tiempos se reducen pues son dos
años en bodega, de ellos seis en madera, y salen al mercado en el tercer año. Cuando
se trata de gran reserva, el tinto tiene que haber estado, al menos, 5 años en la
bodega, de los cuales en barrica permanece al menos año y medio, mientras blancos y
rosados permanecen en bodega 4 años (con mínimo 6 meses de madera). Unos y otros,
tratándose de grandes reservas, se ponen a la venta a partir del sexto año.



Pero la normativa argentina no repara en esto, para ellos las referencias son otras. El
Instituto Nacional de Viticultura de ese país lo aclara en la Resolución C 11/2011,
por la que se modifican las exigencias para el empleo de las expresiones Reserva y
Gran Reserva, de manera optativa y como complementarias de otras características
diferenciales. Una norma cuya pretensión es “adecuar el uso de esta ‘denominaciones’
al tipo de vino que definen en la Unión Europea”, para facilitar los intercambios

comerciales, declaran desde la institución. Así, reserva solo podrá emplearse en
etiquetas de vinos elaborados a partir de una lista de variedades fijada por el organismo
(Malbec, Cabernet, Syrah, Carmenere, Pinot Meunier, Petit Verdot… o blancas como
la Chardonnay, Verdello, Sauvignon, Gewrztraminer, etc.) o por el corte de dichas
variedades que estén en condiciones para la elaboración de vinos de calidad. Además,
tendrán que emplearse al menos 135 kilos de uva por cada cien litros. Para los tintos
exigen una crianza mínima de 12 meses “a partir de que se encuentren enológicamente
estables”, añaden, y seis meses para blancos y rosados. Cuando se trata de gran reserva,
además de los requisitos varietales exigidos en la categoría de reservas, aumentan a
140 kilos de uva por cada cien litros de vino, y respecto a la crianza se pide el doble, es
decir, 24 meses mínimo en el caso de los tintos, y un año para el resto.



Aparte de intentar resolver el conflicto relativo al etiquetado de manera que los vinos
argentinos puedan entrar sin restricciones en los mercados europeos, el Grupo Mundial
de Comercio del Vino también aboga por lo que llaman el Acuerdo de Entendimiento
sobre Requisitos de Certificación que no es otra cosa que buscar el compromiso de los
países a limitar sus exigencias sobre certificaciones que afectan a la composición, los
informes analíticos o la libre venta de los vinos. Sin duda alguna, su postura y objetivo
quedan claros…



Recordar también que, previo a éste, el uso de la marca Rioja ha sido antes del verano
objeto de otro ‘enfrentamiento’ con el país andino al conocerse que la justicia de aquel
país ratificaba que los productores de vino de la provincia argentina de La Rioja pueden
utilizar este nombre en la etiqueta de sus elaboraciones. Una decisión que tiene en pie
de guerra al Consejo Regulador de la DOC Rioja, que ha recurrido dicha decisión ante
la Cámara Argentina de Apelaciones al entender que esta medida les perjudica porque
lleva a que el consumidor pueda confundir un producto con otro, y confusión de la que
se beneficiaría el vino argentino en detrimento del nuestro, aprovechándose del prestigio
que disfrutar la denominación española, arguyen desde el Consejo riojano.



El conflicto se viene arrastrando desde el año 99, y desde entonces los productores
argentinos han defendido que incluir el nombre de su país en la etiqueta evita la
confusión, aparte de apoyarse en su derecho a utilizar el nombre de su región vinícola.
Hasta el momento las soluciones diplomáticas no han sido posibles, y por ahora nuestro
Consejo Regulador ha perdido en primera y segunda instancia.