Seis años de tramitación han sido necesarios para que el 26 de junio fuera aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados la nueva Ley de la Viña y el Vino, que deberá poner las bases del cultivo de la vid y la elaboración del vino en todo el territorio español. Con permiso de la normativa europea y de las que han promulgado o pueden promulgar las comunidades autónomas. Esa Ley 24/2003, en su denominación oficial, va fechada el 10 de julio y se publicó en el B.O.E. al día siguiente. Sustituye al viejo Estatuto de la Viña, el Vino y los alcoholes, la Ley 25/1970. Ya tenemos ley, ahora falta elaborar los reglamentos que la desarrollen.

El viejo Estatuto se había visto claramente superado por el paso del tiempo y por los cambios en el panorama político y administrativo experimentados en estos treinta años, de manera especial en lo que se refiere a competencias de política y legislación agrícolas, transferidas en gran medida a las comunidades autónomas y supeditadas a las normas que emanan de la Unión Europea. Esa fue la razón de que algunos sectores, entre los que destaca el PSOE consideraran innecesario redactar de nuevo cuño lo que se ha denominado “la Constitución de la viña y el vino”. Neftalí Isasi, diputado del PP por La Rioja y principal impulsor de la nueva ley, convocó a la prensa especializada para explicar el alcance de la norma y defendió su creación sobre todo por la necesidad de renovar una ley que estaba obsoleta. Alegó que con esta ley el vino español entra en la modernidad y en la competitividad y que va a impulsar la modernización del sector vitivinícola español.

Un largo debate
La ley de la Viña y el Vino ha tenido una gestación larga y un tanto tortuosa y los diferentes borradores han sido sometidos a fuertes presiones, consecuencia de las cuales ha sido la modificación de algunos de sus planteamientos iniciales. Según informó Neftalí Isasi, se buscó el máximo consenso y se abrió un gran debate con partidos políticos y representantes de los diferentes intereses del sector vinícola. En 1997 se creó una subcomisión del Congreso encargada de recabar las aspiraciones de los distintos estamentos interesados. Hubo reuniones con representantes de cuarenta entidades relacionadas con el vino: comunidades autónomas, consejos reguladores de las denominaciones de origen, asociaciones empresariales, sindicatos y partidos políticos pudieron dar su opinión y participar de alguna manera en el dibujo del nuevo panorama vinícola que se pretendía crear.

Consecuencia de esas reuniones fueron varios borradores que fueron contestados incluso antes de alcanzar la categoría de anteproyecto. Durante esos años se han ido oyendo opiniones de todo tipo, en unas ocasiones en forma de filtraciones más o menos interesadas, en otras como auténticas campañas. En todo el proceso se echó en falta la aportación de los consumidores o de sus teóricos representantes: la voz de las organizaciones de consumidores no se ha dejado oír, tal vez por no haber voz, tal vez por se un murmullo, en violento contraste con el poderoso mecanismo de comunicación de otros, como los consejos reguladores, apiñados en torno al liderazgo de Rioja (parece que hay fisuras serias en esa piña, precisamente a causa del liderazgo), o las organizaciones patronales, en particular la federación Española del Vino. Tras la lenta gestación, la tramitación parlamentaria se prolongó durante más de un año. En mayo de 2002 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley y lo remitió al Congreso. Allí, el Gobierno consiguió el apoyo de los partidos nacionalistas, CiU, PNV y CC. Se introdujeron más de un centenar de enmiendas. Fue aprobada por el pleno el 26 de junio.

Una ley básica
La Ley de la Viña y el Vino se presenta como una ley básica, de aplicación en todo el territorio español y enmarcada dentro de una política general del Gobierno de liberalización de las actividades económicas. Transita en un camino angosto, limitado por la normativa comunitaria y por las competencias de las comunidades autónomas. En consecuencia y a falta del desarrollo posterior, se trata de establecer unas reglas de juego que sirvan de punto de referencia para la leyes específicas autonómicas o sea aplicada por aquellas comunidades que no cuenten con ese tipo de norma.

Los diferentes aspectos que contempla la ley merecen ser analizados con detenimiento; así se hará en sucesivas entregas de esta sección. Sin embargo, sí se pueden adelantar algunas consideraciones a bote pronto. Para empezar, es importante la independencia del vino con respecto al resto de las bebidas alcohólicas. La vieja Ley 25/1970 era el Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes y en la nueva norma quedan fuera los destilados, salvo los procedentes de la destilación del vino, es decir, los brandies y los orujos. Del mismo modo, entran también en el ámbito de esta norma los productos derivados, como los vinagres, los mostos o los vinos aromatizados.

En cuanto a la estructura de la protección de los vinos, se confirma la estructura piramidal que se anunciaba. Estará dividida en dos parte, la base serán los vinos de mesa y la zona alta estará formada por las diferentes categoría de VCPRD (vinos de calidad producidos en una región determinada). Se propugna una gradación de las exigencias de calidad y se busca la posibilidad de que un vino que no alcance el nivel exigido para una categoría, pueda optar a la categoría inmediatamente inferior. Si se desarrolla esa estructura se acabará con la situación actual, en la que un vino producido en la D.O.C. Rioja sólo tiene dos opciones: ser rioja calificado o ser vino de mesa sin indicación geográfica alguna (ni de variedades, ni de crianza, ni de cosecha: sólo registro de embotellador y grado alcohólico). En la situación que dibuja la Ley de la Viña y el Vino, ese vino no apto como “calificado” podría pasar a alguna categoría inferior. Una categoría que habría que crear porque en la actualidad, salvo en los casos de la D.O. Catalunya y los vinos de mesa o de la tierra regionales.

Hay otros aspectos importantes, como la chaptalización (prohibida como regla general, pero, cuando se autorice, será obligatorio utilizar productos procedentes de la uva) o la crianza (con algunos cambios), el riego del viñedo y la actualización de las sanciones, cuyo montante se incrementa de forma notable aunque a primera vista no da la impresión de que sea un sistema especialmente disuasorio. Sin olvidar el conflictivo capítulo de la separación de los órganos de gestión y de control en los vinos con denominación de origen, uno de los aspectos más polémicos resuelto con una especie de fórmula salomónica en la que los controladores son teóricamente independientes de los consejos reguladores pero son nombrados a propuesta de los propios consejos reguladores.

A falta de los reglamentos que desarrollen diferentes aspectos de la ley (“dejadles las leyes que nosotros haremos los reglamentos” decía el viejo político de la Restauración) no parece que sea una norma especialmente revolucionaria. Como apuntó Fernando Gurucharri, presidente de la Unión Española de Catadores, se diría que se ha perdido una buena ocasión para introducir reformas más en profundidad y, sobre todo, poner más el acento en cuestiones que determinan directamente la calidad del vino y algo menos en los aspectos puramente mensurables, como la capacidad de las barricas o los plazos de crianza. Lo positivo es que supone un cierta definición del modelo a seguir. A la espera de los reglamentos y de la interpretación de las comunidades autónomas.

Nota: El vino no entra en la ley del botellón. En la reunión con el diputado por La Rioja para tratar sobre la Ley del Vino, Neftalí Isasi comunicó una buena noticia: según un acuerdo alcanzado el 23 de julio, el vino ha quedado excluido del proyecto de Ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas, conocida como ley del botellón, que se tramita en el Congreso. El vino, al que se reconoce su faceta alimenticia y cultural como integrante de la dieta mediterránea, será regulado a efectos de consumo por una normativa específica. Por el momento, se aleja el espectro de la prohibición de la publicidad y promoción del vino, que habría dejado en el aire las buenas intenciones del Ministerio de Agricultura de realizar campañas de promoción e información para fomentar el consumo inteligente de vinos de calidad.

Fecha publicación:Agosto de 2003
Medio: El Trasnocho del Proensa